El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete, Antonio Martínez, han lamentado las cesiones del Gobierno de España a sus socios independentistas para llevar a cabo la reforma del delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.
“Han sido muchas las líneas rojas que ha traspasado el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, pero esta es de las más graves. Es una vergüenza que el precio a pagar para que el presidente del Gobierno se mantenga un año más en el poder sea permitir la derogación de este delito, y abaratar las penas para quienes cometieron un hecho tan grave, tipificado en el Código Penal. Es algo lo suficientemente grave como par que nadie lo eche en el olvido”, ha resaltado el portavoz del Grupo Popular.
Antonio Martínez ha denunciado asimismo que “las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC, ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación” y ha añadido que “en ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos”.
Para los representantes del Partido Popular, la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición va en descrédito y menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como con las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional en España. “Es intolerable que quienes cometieron un delito, sean ahora los que marcan el rumbo del Gobierno de España”, ha añadido.
Por todo ello, el Grupo Popular en la Diputación de Albacete pedirá el apoyo del resto de grupos en la institución provincial para instar al presidente del Gobierno de España a no llevar a cabo la modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición y a cumplir la Constitución Española en la que no tiene cabida la sedición, ni los referéndums ilegales.
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