El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete, Antonio Martínez, solicitará al Pleno del próximo jueves que los Presupuestos del año 2022 incorporen íntegro el remanente positivo de Cultural Albacete de este mismo año, en el que no han podido celebrarse gran número de actividades con motivo de las restricciones de la pandemia sanitaria.
De esta forma, el Grupo Popular pretende reforzar el presupuesto del próximo ejercicio, con el fin de que los pueblos y ciudades de la provincia puedan potenciar al máximo su actividad cultural, así como la calidad de las mismas, en la medida que la pandemia sanitaria así lo permita durante el próximo año 2022.
Antonio Martínez ha recordado en rueda de prensa que ya se aprobó una moción de índole parecido, también a propuesta del Partido Popular, para que las aportaciones económicas de los Ayuntamientos a la actividad cultural, que no fueron empleadas durante el año 2020, se incorporaran a la de este mismo año que ya está a punto de finalizar.
REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular pedirá al Pleno de la Diputación un pronunciamiento “expreso” para que diga si está con el Gobierno de Pedro Sánchez o con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han mostrado con rotundidad su oposición a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
En este sentido, Antonio Martínez solicitará al presidente de la Diputación que diga cuál es su postura ante una reforma que deja desprotegidos a los agentes y a los ciudadanos, frente a los que no cumplen las leyes.
“Desde el Partido Popular de Albacete, apoyamos la iniciativa de tantos miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil, que se oponen a esta modificación, que va en contra de su seguridad a la hora de actuar frente a los violentos y los disturbios. Queremos que en el PSOE de Albacete digan de qué lado si están, si de los partidos que apoyan la reforma como son Bildu, ERC y Podemos, o al lado de quienes nos protegen”, argumentó Antonio Martínez, quien criticó que esta reforma se haya utilizado como moneda de cambio por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez para tener el apoyo de los separatistas a los Presupuestos Generales del Estado.
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