Antonio Martínez y María Gil apoyan a Albaprende que reclama no quedar fuera de las becas para niños con dislexia y otros trastornos del aprendizaje

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El  portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Antonio Martínez, y la concejal del Ayuntamiento de la capital, María Gil, han reconocido el trabajo de Albaprende, que forma parte de la Federación de Dislexia y Dificultades Específicas de Castilla-La Mancha que inició su andura en 2018 y un año después atendían a unas 300 familias en la región.

La finalidad de Albaprende es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por alguna dificultad específica de aprendizaje, entre las que se encuentran la dislexia (alteración de la capacidad de leer por la que se altera el orden de letras, sílabas o palabras) y la discalculia (dificultad para aprender los principios del cálculo).

Actualmente, Albaprende atiende a 25 niños y una de las principales preocupaciones de la asociación es que antes estas alteraciones en los alumnos, se busquen y mejoren las estrategias docentes, a través de una mayor formación del profesorado y con otras medidas adaptadas a las características de cada estudiante para garantizar el aprendizaje y prevenir el fracaso escolar.

Albaprende calcula que aproximadamente un diez por ciento de la población escolar es disléxica, siendo la principal dificultad su diagnóstico, de ahí la importancia de detectar de forma precoz esta alteración.

Los responsables de Albaprende también han trasladado su preocupación por la nueva ley socialista de Educación, la llamada Ley Celaá, y es que el Gobierno está ultimando un nuevo Real Decreto de becas para el próximo curso 2021-22, que limita las ayudas a cinco grupos concretos de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de las que quedan excluidos los estudiantes con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje y estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, por eso las familias están llevando una campaña de recogida de firmas.

Albarpende ha reclamado homogeneizar el sistema de diagnóstico para orientar a las familias, al tiempo que demandan más recursos, tanto de espacios para poder llevar a cabo sus actividades dirigidas a niños y niñas, profesores, AMPAS, como de recursos económicos para llegar a más alumnos, por lo que desde el PP se han comprometido a seguir trabajando en defensa de los derechos de las personas con dislexia y otras dificultades de aprendizaje, y por recuperar las becas paras la necesidades específicas de apoyo educativo que la Ley Celaá deja fuera.