Carmen Navarro y Antonio Martínez aseguran que el gobierno de Pedro Sánchez pretende desmantelar MUFACE por intereses ideológicos

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• Los parlamentarios populares por Albacete recuerdan que está en juego la asistencia sanitaria de más de un millón y medio de funcionarios y sus familias en España y que más de 74.000 funcionarios castellano manchegos están preocupados por el futuro de su asistencia sanitaria.

09 de diciembre de 2024.- Los diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Albacete, Carmen Navarro y Antonio Martínez han denunciado el desmantelamiento de Muface por intereses ideológicos que pretende llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y afectará a más de 1,5 millones de españoles que están viendo como mercadean con su asistencia sanitaria.

Los populares han mostrado su apoyo a este sistema y han defendido la continuidad y fortalecimiento de Muface, ya que “se trata de un sistema que lleva funcionando más de 40 años y que su eliminación no se sustenta más que en intereses ideológicos, unos intereses que desde el PP no comprendemos ni apoyamos, porque nuestro compromiso está con los derechos de los empleados públicos y su preocupación por cómo puede quedar el futuro de la asistencia sanitaria, no solamente la suya también la de sus familiares”.

Los parlamentarios por Albacete han asegurado que, “se trata de intereses ideológicos y partidistas los que empujan este cambio de rumbo ya que la supresión del sistema de mutualidades es una reivindicación que ya venía recogida en el programa electoral de SUMAR y que aceptará Sánchez”, “es una enorme irresponsabilidad que pone en riesgo el equilibrio general del sistema sanitario y desde el Partido Popular nos parece un escándalo que los sesgos ideológicos eliminen un modelo que ha demostrado funcionar con normalidad casi 50 años”.

Desde el PP han defendido este modelo, ya que es un derecho de los funcionarios, un modelo complementario al sistema público de salud que da libre elección de asistencia sanitaria a los funcionarios, y en cuanto a su financiación supone un ahorro al Estado en comparación con la incorporación de los funcionarios al Sistema Nacional de Salud, (en 2023 la financiación per cápita en MUFACE fue de 1.031 euros/año frente a los 1.736 de euros de media de la asistencia en los Servicios públicos de Salud) a esto hay que sumar que el sistema de Muface alivia la carga del Sistema Nacional de Salud, ya que asume la cobertura sanitaria de más de 1.500.000 mutualistas.

“Las consecuencias de la supresión de este sistema serían pésimas ya que incrementaría las listas de espera y las tensiones que ya soporta la sanidad pública la cual no está preparada para asumir la incorporación de más de 1 millón y medio de personas”, aseguran desde el PP.

Por lo que respecta a cómo se vería afectada la sanidad castellano manchega de llevarse a cabo la desaparición de MUFACE, los diputados nacionales han señalado que, "casi 18.000 según los datos de MUFACE en el año 2023 y más de 74.000 funcionarios castellano manchegos están preocupados por el futuro de su asistencia sanitaria, y en muchos casos, también por el de sus familiares”.

Por último, tanto Carmen Navarro como Antonio Martínez han destacado que “en España tenemos un gobierno solo centrado en su promoción personal como es el caso de el Sr. López ya que en lugar de utilizar el Ministerio para su campaña promocional en la Comunidad de Madrid, debería dedicarse a los problemas de su cartera y a gestionar la crisis de Muface y a la Ministra Mónica García que, aunque no es su competencia directa, Sanidad publicó el 18 de noviembre un informe en el que se diseñaba la destrucción de Muface”.

En definitiva, “el Gobierno ha fracasado en su capacidad negociadora y desde el PP exigimos que se pongan a negociar, lo antes posible, consiguiendo una financiación que garantice el mantenimiento de la asistencia sanitaria a los funcionarios públicos en condiciones adecuadas”.

Los populares han finalizado señalando que además de seguir manteniendo reuniones con afectados y sindicatos para conocer de primera mano su situación, se ha solicitado que tanto de Óscar López como Mónica García comparezcan en sede parlamentaria para que den explicaciones y se han formulado casi 80 preguntas sobre este asunto.