El pasado 3 de Marzo, se constituyó la Comisión de Ordenación del Territorio y Vivienda del Partido Popular de Albacete, siendo su máximo responsable el Vicesecretario Sectorial del PP, Javier Cuenca García.
Formada, por un nutrido grupo de profesionales del sector inmobiliario, arquitectos, aparejadores, abogados, técnicos de la administración y empresarios que trabajará activamente por hacer que el derecho a la vivienda que proclama la Constitución Española sea efectivo para todos los ciudadanos de Albacete.
Según el calendario de reuniones establecido por esta Comisión, se abordarán temas tan relevantes como el funcionamiento del registro de demandantes de vivienda, que está obsoleto y burocratiza la adquisición de vivienda con el consiguiente incordio al ciudadano, que tiene que esperar más de un mes y medio sólo para apuntarse.
El nuevo Plan de vivienda en Castilla-La Mancha, también será sometido a análisis. Llevamos más de dos meses, sin normativa autonómica que regule la calificación de vivienda protegida, con el consiguiente empantanamiento de viviendas esperando a ser calificadas para salir a la venta, lo cual supone una falta de consideración a los castellano-manchegos que necesitan esas viviendas.
En lo atinente a la ordenación del territorio, resulta relevante los cientos de municipios que todavía no cuentan con Plan de Ordenación Municipal, ni Plan de Delimitación de Suelo Urbano, habiendo pasado 11 años desde la aprobación de la ley del suelo regional (LOTAU), por lo que éstos municipios no tienen un marco para desarrollarse urbanísticamente de forma ordenada impidiendo así su prosperidad.
Este ?comité de expertos? analizará igualmente la escasez de dotaciones e infraestructuras con que nos encontramos en Castilla-La Mancha y las inversiones que se prometen y luego se retrasan durante años, impidiendo el progreso y bienestar de los castellano-manchegos.
Por tanto, desde el Partido Popular consideramos que ahora es el momento de trabajar por un cambio en la legislación urbanística, basado en la necesidad de construir vivienda protegida y de incentivar la iniciativa privada, en lugar de constituir empresas públicas que venden a los mismos precios y calidades, que sólo sirven para la recolocación de altos cargos de la Junta y para elevar más todavía el gasto autonómico que el ciudadano tiene que soportar vía impuestos.
Sin duda, este ?comité de expertos?, ilusionado con un proyecto que ahora empieza, intentará preservar al urbanismo y a la vivienda de los ?malos usos? proponiendo medidas para beneficiar al sufrido ciudadano: aumentar la oferta de suelo, desburocratizar el urbanismo y la edificación, y dar transparencia a la financiación de los Ayuntamientos.