El PP consigue la unanimidad de las Cortes de CLM para la defensa de abogados y procuradores en la mejora de su protección social

Tania Andicoberry, en el Pleno de las Cortes de CLM.

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 Con unanimidad de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, la diputada del PP-CLM por Albacete, Tania Andicoberry,  ha instado al Gobierno de España a realizar las actuaciones y modificaciones necesarias en relación a los profesionales de la Abogacía y la Procura, que tienen contratado con la Mutualidad de la Abogacía, Mutualidad de Procuradores (o entidad privada de similar naturaleza) el sistema de protección social alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

De esta forma, en el transcurso del Pleno celebrado hoy en las Cortes, Andicoberry ha exigido al Gobierno socialista que permita la posibilidad, voluntaria y temporal, de trasladar al RETA los fondos acumulados y reconocidos como consolidados en la Mutualidad profesional, computándose a los efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, en todo caso, previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los períodos cotizados.

Respecto al grupo de mutualistas pasivos, la diputada del Grupo Popular pide aplicar complementos a mínimos de sus pensiones hasta alcanzar el importe de pensión mínima.

Asimismo, Andicoberry ha solicitado evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones o aportaciones realizadas en la Mutualidad al sistema alternativo al Régimen de Trabajadores Autónomos, con un plan de pensiones o ahorro complementario.

De igual manera, el PP ha pedido mejorar las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la Abogacía y la Procuraduría.

Durante el Pleno, la diputada del PP-CLM ha explicado que hasta el año 1995, la protección social de la Abogacía se prestaba a través de la Mutualidad de la Abogacía, entidad sin ánimo de lucro creada por los Colegios de la Abogacía en 1948, de adscripción obligatoria para el ejercicio profesional, sin posibilidad de acogerse a otro sistema de protección social y que, fundamentalmente, cubría la prestación por jubilación, aunque no la asistencia sanitaria.

Fue en ese año cuando se introduce la alternatividad, es decir, la posibilidad de que la protección social se realizarse con la Mutualidad de la Abogacía o mediante la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, hasta que en 2005 se produce un cambio radical, en el que la jubilación de cada mutualista pasa a depender única y exclusivamente de sus aportaciones, lo que provocó una importante variación en las cuantías de las prestaciones esperables, sin que en muchos casos existiese opción real de cambio.

Andicoberry ha señalado que esta reivindicación del sector profesional de letrados y procuradores es de “sentido común, una cuestión de justicia y de derechos básicos, ya que el actual sistema es injusto, pues está dejando a muchísimos profesionales que trabajan por cuenta propia sin la protección social necesaria y justa, de la que pueden disfrutara el resto de trabajadores”.