El Partido Popular pide la inhabilitación del consejero de Hacienda y del vicepresidente del Gobierno socialista de Page

Antonio Martínez, en la sede del PP.

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El diputado regional del Partido Popular, Antonio Martínez, ha criticado el nombramiento de Ruiz Molina al frente de al Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y la de José Luis Martínez Guijarro como vicepresidente del Gobierno, por entender que sus actuaciones anteriores les inhabilitan para desempeñar estos cargos públicos.
Así, Antonio Martínez ha explicado que Ruiz Molina, durante su etapa como gerente del SESCAM, entre 2007 y 2009, ha mantenido contactos con empresas con las que ha realizado contrataciones millonarias, en concreto con Indra, de la que sólo siete meses de ejercer esta función pública pasó a ser director comercial, vulnerando así la Ley de Castilla-La Mancha que establece que deben transcurrir dos años, antes de que miembros de gobierno –incluidos los directores-gerentes- pasen a disposición de las empresas con las que ha celebrado estos contratos.
El parlamentario albacetense denuncia que “es un caso grave que le inhabilita para ser consejero del gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que exigimos a García Page que aporte las explicaciones pertinentes y actúe ante un ejemplo claro de puerta giratoria”.
En cuanto al vicepresidente Guijarro, el diputado popular fue tajante al asegurar que ha tenido actuaciones al frente de la empresa pública Geacam, que implican directamente a uno de sus hermanos, con una concesión de obras por valor de 700.000 €.
Martínez ha recordado que fue en el año 2007, en el que hubo una serie de inundaciones en la región, cuando se llevaron a cabo diversas actuaciones por parte de Geacam en todas la provincias donde se realizaron por encomienda de gestión, menos en la provincia de Cuenca, donde se hizo una adjudicación a una empresa de un hermano del entonces consejero de Agricultura y presidente de Geacam.
“Mal empezamos –dijo Antonio Martínez- y añadió que el PP ha pedido la inhabilitación de estos dos consejeros por incumplimiento de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha”.