La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular de Albacete ha celebrado su tercera reunión que se ha orientado a analizar las políticas de Dependencia llevadas a cabo por el Gobierno Nacional y Regional. La reunión, presidida por Carmen Navarro como presidenta del área de Asuntos Sociales de la Comisión, ha servido para estudiar también los conceptos básicos de la L39/2006, las prestaciones y servicios del catálogo que recoge la ley, especialmente en la provincia de Albacete.
Para ello se ha procedido al estudio del Decreto 26/2013 de 23 de Mayo del Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha y de la Orden de 29 de Julio de 2013 por la que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la promoción y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y se determina la intensidad de los Servicios y el régimen de compatibilidades aplicable.
Se ha explicado que la normativa introduce modificaciones de calado en la ley al objeto de garantizar una redistribución más equitativa de los servicios y prestaciones, para garantizar la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia en condiciones de igualdad y justicia redistributiva, así como asegurar la cobertura prestacional a las personas en situación de dependencia grave y moderada.
El Gobierno regional de María Dolores Cospedal ha apostado por la potenciación de los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, y del servicio de asistente personal, dando cobertura al vacío normativo vigente hasta ahora y entendiendo estos servicios a personas con dependencia moderada y reconocimiento efectivo de su derecho.
Castilla La Mancha incorpora mejoras sustanciales en el servicio de atención domiciliaria, y se aborda por primera vez, las prestaciones económicas vinculadas al servicio, desde la premisa de ubicar a la persona en el centro de intervención, generando una atención más eficiente, adecuada e inspirada en los principios de libertad de elección y garantía de ocupación de los servicios de titularidad pública disponibles.
En el trascurso de la Comisión se ha recordado que la Ley 39/2006 tenía un problema grave y estructural de financiación desde su entrada en vigor, la aplicación de la Ley era inadecuada e ineficiente. Es por ello que, desde los gobiernos nacional y regional se han acometido las reformas necesarias para garantizar la igualdad de acceso en la declaración de Dependencia y en los Servicios.
El esfuerzo de este Gobierno se centra en priorizar la concesión de servicios frente a la prestación económica para generar empleo y para garantizar los cuidados de los dependientes y que el presupuesto revierta directamente en el más necesitado, que es el dependiente.
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