La Secretaria de Bienestar Social y Familia del Partido Popular, Mari Carmen Martín, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para denunciar el retraso que sufre la aplicación de la Ley de Dependencia en la provincia de Albacete, ya que dos años después de su entrada en vigor ?2 de cada 3 solicitantes no han cobrado todavía ningún tipo de prestación?.
Según denunciaba, ?la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia, es una Ley que generó grandes expectativas pues iba a ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con la sanidad, la educación y las pensiones, y sin embargo, transcurridos más de dos años de su entrada en vigor, su aplicación no ha cumplido con las previsiones iniciales del Gobierno de Zapatero ni del Gobierno de Barreda?.
INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
Tras las declaraciones efectuadas los últimos días tanto por la nueva Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, señalando el fracaso en la aplicación de la Ley de Dependencia, como por el Consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla La Mancha, Fernando Lamata, reconociendo la falta de presupuesto e incluso que nuestra región sólo recibe un 5% de lo que necesita, desde el PP vuelven a denunciar la insuficiencia presupuestaria y el incumplimiento en el grado de aplicación de la Ley de Dependencia a nivel nacional y sobre todo en Castilla-La Mancha.
Según criticaba Mari Carmen Martín, ?en Castilla La Mancha se necesitan como mínimo 200 millones adicionales de financiación para aplicar la Ley de Dependencia en el año 2009?. En su opinión, los nuevos derechos que genera la Ley de Dependencia (atención domiciliaria, en residencias y centros de día, etc.) han sido sobrepasados ampliamente, y la situación económica actual no garantiza que se puedan disponer de nuevos recursos por parte del Gobierno Central.
?Sólo en la provincia de Albacete, 2 de cada 3 solicitantes de una prestación de la dependencia no están percibiendo ningún tipo de ayuda, debido a la falta de dotación presupuestaria, ya que han fallado todas las previsiones al haber más personas en situación de dependencia que las calculadas inicialmente (51.862 solicitudes se han presentado en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha a fecha 1 de abril de 2009)?, denunciaba Martín.
RETRASOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
En relación a los retrasos que acarrea la Ley de Dependencia en su aplicación, la Secretaria de Bienestar Social del PP apuntaba que según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se calcula que se tarda entre 8 y 15 meses desde que se evalúa al ciudadano hasta que se le efectúa su informe, cuando no debería superar los seis.
Además, de una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se desprende que la cifra de ocho meses es el tiempo medio de espera hasta que se notifica el grado de discapacidad, y que esta notificación no garantiza aún que se perciba la ayuda, ya que pueden pasar todavía unos cuantos meses más.
De este modo, en la provincia de Albacete, el 42% de las solicitudes presentadas no se han resuelto (hay 4.645 personas que todavía esperan que se resuelva su expediente) y de los que tienen reconocido el derecho percibir una prestación económica o la atención de un servicio o centro, 2.644 personas, la mitad todavía no ha comenzado a percibir prestación alguna.
FRACASO DE LAS POLÍTICAS SOCIALISTAS
Martín denunciaba que la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, admitió que el establecimiento del sistema de atención a las personas dependientes, que fue la medida estrella de la primera legislatura del PSOE en el ámbito social, había fracasado, algo que contrasta con declaraciones anteriores del Gobierno estatal y regional en las que afirmaban que los resultados eran excelentes.
En definitiva, Martín considera que ?la Ley de Dependencia, en sus dos años de rodaje, ha dado más disgustos que satisfacciones a sus potenciales beneficiarios?. Ante esta situación, desde el PP consideran que ?el Gobierno debe dotar el desarrollo de esta Ley de mayor presupuesto y de recursos técnicos y humanos, así como agilizar los plazos de tramitación y el aumento de las infraestructuras existentes, esforzándose más para ofrecer a estas personas una atención personalizada y profesional en lugar de basar su gestión en políticas de propaganda?.
En su opinión, ?es una tomadura de pelo que se haga demagogia con un tema tan sensible para los ciudadanos como es la calidad de vida y la atención a personas con necesidades especiales, máxime aún cuando el propio Gobierno de Barreda reconoce abiertamente que en Albacete tan sólo el 33% de los solicitantes tiene reconocido algún tipo de prestación o servicio?.