María Gil: “La insolidaria y nefasta política social de Page ha incrementado en más de un 37% la desigualdad en Castilla-La Mancha”

María Gil, vicesecretaria Social y de Calidad de Vida del Partido Popular de Albacete

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• La vicesecretaria Social y de Calidad de Vida acusa al Gobierno de Page de seguir desmantelando el Ingreso Mínimo de Solidaridad en Castilla-La Mancha, reduciendo el número de beneficiarios y recortando presupuesto
• Señala que “desde el PP seguiremos solicitando al Gobierno regional que active el Ingreso Mínimo de Solidaridad, que genere más oportunidades laborales y flexibilice y amplíe la convocatoria de Emergencia Social que para 2022 ha reducido a prácticamente la mitad con respecto a 2021”
• Lamenta que “tras dos años de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, solo se han beneficiado de esta ayuda en Castilla-La Mancha un 1,7% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza”
• “El último colchón económico al que podrían agarrarse muchas familias en situación de vulnerabilidad se desmorona mientras Page recorta ayudas propias aprovechando la implantación de una ayuda estatal”

4.marzo.2022. La vicesecretaria Social y de Calidad de Vida del Partido Popular de Albacete, María Gil, ha lamentado que “el Gobierno de Page siga desmantelando del Ingreso Mínimo de Solidaridad en Castilla-La Mancha, reduciendo el número de personas beneficiarias y recortando presupuesto, sin importarle lo más mínimo la situación tan complicada por la que están atravesando muchas familias y personas en nuestra región”.

María Gil se ha pronunciado de este modo durante su participación en la Comisión regional de Bienestar Social del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde además ha criticado que “el último colchón económico al que podían agarrarse muchas familias en situación de vulnerabilidad se desmorona a cuenta del Ingreso Mínimo Vital mientras el Gobierno de Page recorta ayudas propias, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, aprovechando la implantación de una ayuda estatal que no termina de funcionar y que ha defraudado a pie de calle”.

La vicesecretaria Social y de Calidad de Vida ha denunciado que “el señor Page publicó en diciembre de 2021 la convocatoria de esta ayuda para este año, permitiendo acceder únicamente a las personas que ya la tuvieran reconocida con anterioridad y cumplieran para poderla renovar hasta un máximo de 24 mensualidades, pero no a solicitantes nuevos”, por lo que “desde el Partido Popular solicitamos una vez más al Gobierno regional que active de nuevo el Ingreso Mínimo de Solidaridad, que genere más oportunidades laborales y flexibilice y amplíe de manera urgente la convocatoria de Emergencia Social, ya que para 2022 la ha reducido prácticamente a la mitad con respecto al pasado año”.

Según ha recordado María Gil, “tras dos años de la puesta en marcha de este Ingreso Mínimo Vital, la ayuda estrella del señor Sánchez solo ha llegado a cerca del 36 por ciento de los beneficiarios previstos y solo el 9,3 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España es beneficiaria del mismo”, criticando que “en los peores momentos de la pandemia, no ha sido capaz de ejecutar un tercio del presupuesto de 2021 asignado a esta ayuda, impidiendo que cerca de 1.000 millones de euros llegaran a las familias”. En el caso de Castilla-La Mancha, ha lamentado que solo el 1,7 por ciento de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, asegurando que “el Gobierno de Sánchez no está cumpliendo con sus objetivos”.

La vicesecretaria considera que “la disolución parcial del Ingreso Mínimo de Solidaridad es una perdida grave para el sistema de garantía de las familias más vulnerables y que estas rentas mínimas deben ser complementarias del Ingreso Mínimo Vital y nunca excluyentes”, al tiempo que ha instado a “perfeccionar el sistema de protección social de cara al futuro e impulsar el Estado de Bienestar para dar acceso a los derechos de todas las personas”.

María Gil ha tomado como referencia los datos publicados recientemente en dos importan-tes informes que reflejan la realidad social en nuestra comunidad autónoma: por un lado, el de la Fundación Foessa, entidad privada sin ánimo de lucro fundada por Cáritas Española, sobre exclusión y desarrollo social, que señala que “la desigualdad en nuestra región bajo el Gobierno de García-Page ha crecido más de un 37 por ciento con respecto a 2018 por su insolidaria y nefasta gestión, siendo los grandes damnificados por la Covid-19 las personas y familias más frágiles y desfavorecidas a los que no ha llegado la respuesta pública”, y por otro lado, el de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de Es-paña “que sitúa a Castilla-La Mancha entre las regiones que más está desmantelando el Ingreso Mínimo de Solidaridad, reduciendo con ello el número de personas beneficiarias del mismo y recortando presupuesto”.

La vicesecretaria Social y de Calidad de Vida ha lamentado que “la pésima gestión de la crisis económica y social de la Covid-19 ha hecho que las familias de nuestra región hayan tenido que reducir sus gastos habituales para poder subsistir y cuando los ahorros ya no han sido suficientes y se han agotado otras redes de apoyo, han tenido que recortar en gas-tos de alimentación, ropa y calzado. Algo que le ha ocurrido al 33 por ciento de las familias y al 72 por ciento de familias que sufren exclusión social”. Una situación que, según ha ex-plicado María Gil, “ha agrandado además las brechas existentes y creado otras nuevas co-mo la brecha digital que afecta a 4 de cada 10 hogares en Castilla-La Mancha (45 por cien-to) y provoca pérdida de oportunidades laborales o formativas, así como la edad que, junto al género o la nacionalidad, profundizan más la desigualdad entre unas personas y otras”.

La vicesecretaría ha lamentado que “esta crisis se haya llevado por delante a muchos hoga-res castellano-manchegos”, señalando que “la exclusión se ha extendido, implicando a 1 de cada 4 habitantes de nuestra región, es decir a cerca de 480.000 personas, y además ha aumentado el grupo de los más frágiles con 232.000 personas en situación de exclusión severa”. Además, María Gil ha recordado que “en Castilla-La Mancha más de 132.000 hoga-res sufren la falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos, más de 171.000 hogares dependen económicamente de una persona, que además sufre inestabilidad social, 79.000 núcleos familiares tienen a todos sus miembros en paro y 41.0000 familias siguen careciendo de algún tipo de ingreso periódico predecible”.