El diputado regional por Albacete Antonio Martínez ha criticado la postura del Partido Socialista por presentar un recurso a la enmienda anunciada por el Gobierno que establece la eliminación de los complementos de los ex-altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “Resulta lamentable que quienes han llevado a la ruina a nuestra región poniendo en riesgo los servicios sociales, ahora pretendan mantener esos privilegios”, ha comentado.
En este sentido, ha recordado que “el Partido Socialista dejó una deuda en la Consejería de Sanidad por más de 7.000 millones de euros, es decir, el equivalente al presupuesto de dos años para esta Consejería”. De este modo, ha señalado que “está totalmente injustificada esta postura porque esas personas no desarrollan labores de Gobierno, sino que han vuelto a sus puestos de trabajo en la Administración”.
Por el contrario, Martínez se ha referido a la reducción de altos cargos y a la supresión del Consejo Económico y Social y del Defensor del Pueblo, así como a las políticas de austeridad y control del gasto, llevados a cabo por la presidenta Cospedal.
Con todo, ha presentado al Partido Socialista como “un partido desnortado y descabezado que lleva más de un año instalado en las barricadas mintiendo, intoxicando, y defendiendo una gestión ruinosa en Castilla-La Mancha”.
En otro orden de cosas, el parlamentario regional ha destacado la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de tres convenios de colaboración, por valor de 2.350.000 euros, con tres entidades privadas para el desarrollo de programas de apoyo a la infancia y la familia: un convenio con la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo, con una dotación de 610.000 euros; otro con la Asociación de Medicación e Intervención Familiar, que contará con una aportación de 810.000 euros; y, por último, un convenio con la Asociación Colabora, con una aportación de 930.000 euros.
También se ha referido al Anteproyecto de Ley por el que se deroga la Ley de la Viña y el Vino en Castilla-La Mancha, ya que se trata de la normativa más restrictiva de las que existen en España, lo que disminuye la rentabilidad de bodegas y cooperativas.
Por otro lado, la ley hasta ahora vigente recoge la obligatoriedad de aportar fondos para la promoción, “lo que el sector denomina el impuesto del vino”, ha indicado, apostando por que “cada viticultor decida libremente lo que hacer con su propio dinero: los que quieran destinarlo a promoción que lo hagan y los demás que lo dediquen a mantener empleo, mejorar sus bodegas o I+D+i o lo que consideren más conveniente”.
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