Molinero aboga por la Reforma del Sistema de Pensiones para garantizar la sostenibilidad de las mismas

Francisco Molinero en rueda de prensa.

Galería de Imagenes

El diputado nacional por Albacete Francisco Molinero se ha referido, en una comparecencia ante los medios de comunicación, a la Reforma del Sistema de Pensiones anunciada por el Gobierno central, a través de la cual se pretende prolongar la vida laboral de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Así, el parlamentario ha destacado, entre los aspectos más importantes de la Reforma, la separación de las fuentes de financiación, con lo que las pensiones no contributivas serán sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado, que supondrá un ahorro a la Seguridad Social de 5.000 millones de euros.

De este modo, Molinero ha recalcado que los objetivos principales se basan en aproximar la vida real de jubilación a la edad real del trabajador y compatibilizar el trabajo con el sistema de pensiones. Asimismo, se fijan las prejubilaciones voluntarias entre los 63 y los 65 años de edad del trabajador; mientras que las prejubilaciones involuntarias se fijan entre los 61 y los 63 años con una cotización de 33 años.

Con todo, la Reforma facilita la transición intergeneracional de conocimientos, con lo que se posibilita la compatibilidad de la edad de cotización con el trabajo por parte del trabajador. Además, Molinero ha resaltado que se pretende desincentivar los despidos colectivos para trabajadores mayores de 50 años.

Pacto Anticorrupción
Por otro lado, el diputado ha hecho mención a la lucha contra la corrupción llevada a cabo por el Ejecutivo, con lo que se ha referido al Pacto Anticorrupción que pretende conseguir una mayor transparencia de las instituciones y de las personas que forman parte de la Administración, así como recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones. “Hay que terminar de una vez por todas con los corruptos y con la cultura del engaño”, ha añadido.

Con este Pacto el Gobierno pretende regularizar la Ley de partidas económicas de los partidos políticos con el fin de que el Tribunal de Cuentas lleve el control de las mismas, reformar la Ley de contratos del sector público prohibiendo la contratación en la Administración de personas relacionadas con tramas de corrupción, limitar los sueldos de los cargos públicos y endurecer las penas relacionadas con la corrupción, como la financiación ilegal o el enriquecimiento personal con dinero público.