El diputado nacional del PP, Francisco Molinero, ha explicado las dos grandes reformas para la regeneración democrática presentadas por el Gobierno de Mariano Rajoy: el plan contra la corrupción y la reforma del Código Penal.
En el primero de ellos, el Gobierno del PP es consciente de que la supervivencia de la democracia pasa por la transparencia de sus instituciones y de las personas que participan de forma activa en la función pública, así como en la confianza de todos los ciudadanos en sus gestores públicos. De ahí, la necesidad de castigar de manera más severa esas prácticas indeseables como es la corrupción.
Los instrumentos legislativos a emplear son: Primera Ley de Transparencia de la democracia aplicable a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, para excluir de la política a los corruptos; recuperación de la responsabilidad penal de los partidos y sindicatos que el Gobierno socialista eliminó en 2010; Reforma de la Ley de Partidos Políticos introduciendo la figura del responsable de la gestión económica de los Partidos; control de las donaciones y subvenciones que reciben; de los contratos y control de las cuentas.
A ellas hay que añadir dotación de más medios para el Tribunal de Cuentas; reforma del Código Penal, introduciendo el delito de financiación ilegal de los Partidos; reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos; reforma de la Ley de Contratos Públicos y regulación del Estatuto del cargo público, así como modificación de la Ley del Blanqueo de Capitales.
El objetivo de este plan, recalcó Francisco Molinero, es “excluir de la política a los agentes públicos corruptos y para ello sería deseable la unidad de todos los partidos políticos y que cada uno aporte sus ideas para enriquecer el texto que será debatido y aprobado en el Congreso”.
En cuanto a la reforma del Código Penal, “el objetivo es fortalecer la confianza de los españoles en la Justicia, ofreciendo respuestas más eficaces a las nuevas formas de criminalidad y castigar conductas que hasta ahora quedaban impunes”.
La reforma pretende combatir la delincuencia organizada, la multirreincidencia, la lucha contra formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, así como abusos sexuales, explotación sexual de los menores, pornografía infantil y la trata de seres humanos.
Entre las novedades de la reforma está la figura de la prisión permanente revisable para delitos de excepcional gravedad; se agravan las penas en robos cometidos en el campo; se introduce la figura del delito de financiación ilegal de los partidos políticos; se regulan los delitos contra la propiedad industrial e intelectual; se amplía la responsabilidad de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles, y se castiga a los directivos de las entidades en las que se cometan delitos, así como las insolvencias ficticias.
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